Importancia de la Determinación de la prueba idonea en materia civil

 
Determinar cual medio de prueba es idóneo para obtener un resultado favorable en un litigio presenta una multiplicidad de problemas. La importancia de realizar dicha selección es obvia: la convicción de los jueces se formula a partir de los elementos aportados al debate. El término probar en el contexto jurídico, significa demostrar la realidad de los hechos, lo cual es igual a “aquello que sirve para establecer que una cosa es verdadera.” En ese mismo entorno, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dado soluciones distintas al problema planteado. De modo general, podemos afirmar que los lineamentos más o menos uniformes reconocen que todo aquel que pretende probar algo debe inicialmente analizar los siguientes puntos: el fardo de la prueba, lo que se pretende comprobar, cuales medios se pueden utilizar y observancia de las formas legales. 
 
En primer lugar, las partes deben analizar sobre quien recae el fardo de la prueba. También conocida como carga probatoria que consiste en “la obligación impuesta a la persona que alega ante la justicia un hecho o reclama un derecho, para que pruebe la existencia de uno u otro.”  La definición antes señalada viene dada por la interpretación del artículo 1315 del Código Civil Dominicano que consagra: “el que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.” El alcance de la referida disposición legal establece el principio jurídico técnico de “aportación de parte”  del Derecho Procesal Civil. En virtud de esto, podemos afirmar que todo aquel que tiene pretensiones debe probarlas, en cambio, todo aquel a quien se le oponen pruebas válidas sobre obligaciones legales o convencionales debe demostrar que está libre de las mismas.
 
Luego, el interesado en comprobar una situación debe establecer si se trata de un hecho o de un acto jurídico. El primero de los conceptos atiende a “aquellos sucesos que la Ley le confiere efectos jurídicos independientemente de la voluntad individual” . Por el contrario, el segundo constituye “una manifestación de la voluntad individual cuyo propósito es la creación de efectos jurídicos” . Las definiciones antes señaladas nos arrojan las características esenciales de cada uno de los antes mencionados elementos: los hechos jurídicos son imprevisibles y normalmente espontáneos; los actos jurídicos son previsibles y planificados. Como consecuencia, el legislador predispuso que los hechos pueden ser probados mediante todas las vías y medios probatorios; por su parte, los actos jurídicos, habitualmente tan solo pueden ser probadas mediante las pruebas “tasadas”. 
 
En base a lo anterior, las partes deberán escoger entre los distintos medios de prueba. La solución proviene del artículo 1341 del Código Civil Dominicano el cual consagra que “debe extenderse acta ante notario o bajo firma privada, de todas las cosas cuya suma o valor exceda de treinta pesos, aun por depósitos voluntarios; y no se recibirá prueba alguna de testigos en contra o fuera de lo contenido en las actas, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, en, después de aquellas, aunque se trate de una suma o valor menor de treinta pesos. Todo esto, sin perjuicio de lo que se prescribe en las leyes relativas al comercio.” (Subrayado y resaltado es nuestro) La regla antes plasmada establece el principio de la prueba tasada en materia civil. En ese orden, como regla general, toda obligación pecuniaria que supere los Treinta Pesos Dominicanos (RD$30.00) debe constar en un documento. En otras palabras, si la parte pretende probar un acto jurídico que supere la referida suma, deberá hacerlo mediante una prueba documental; a contrario sensu, si lo que se pretende probar es un hecho jurídico o un acto que no supere la mencionada suma, podrá probarlo mediante cualquier medio probatorio, por ejemplo: informativo testimonial, peritaje, comparecencia de las partes, entre otros. 
 
Por último, tenemos que observar las formalidades contempladas en nuestro marco jurídico. El artículo 69, numeral 3ero. de la Constitución de la República Dominicana dispone que “ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio.” Esta concepción jurídica fue planteada por primera vez en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino quien haciendo uso de silogismos lógicos dedujo que la justicia consiste en “la voluntad constante y permanente de dar a cada quien lo suyo.”  Esa constancia viene dada con la forma, la cual a la vez, asegura el derecho de igualdad y de defensa de las partes. La misma Constitución nos señala que la forma adecuada es aquella prevista en las distintas leyes, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil, entre otros.
 
Concluimos afirmando que la solución para determinar el medio de prueba idóneo en cada caso se obtiene analizando individualmente los problemas planteados. No podemos olvidar que el rol de los jueces se circunscribe en administrar justicia y para ello deben primero comprobar cuál es la verdad de todo proceso. Para lograrlo, los abogados están obligados a proveerles los medios de prueba idóneos para la formulación de su criterio. No hay dos casos similares, por lo que cada uno debe ser tratado “in concreto”. En definitiva la solución viene dada determinando: quién debe probar; el qué debe probar; con qué debe probarlo; y cómo debe probarlo, todo lo cual ha sido claramente expuesto. 
 
Para consultas sobre este tema, por favor contáctenos: info@oficinabisono.com
 
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